Durante años, el llamado «impuesto al sol» ha frenado el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico en nuestro país. El autoconsumo permite a las empresas, particulares y comunidades consumir su propia energía eléctrica producida con paneles solares para reducir la factura eléctrica. Pero la normativa aprobada en 2015 obligaba a pagar impuestos por la electricidad generada con las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Esto complicaba la rentabilidad de una instalación fotovoltaica de autoconsumo y frustró muchos proyectos. No fue hasta 2018, con la derogación de esta normativa, cuando se dio el impulso definitivo al autoconsumo fotovoltaico. ¿Pero qué motivó estos cambios legales y cuál es el marco actual?

Un poco de historia sobre el impuesto al sol

«El impuesto al sol» es el nombre popular que recibió el Real Decreto 900/2015 que regulaba las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Daba respuesta a las directivas de la Unión Europea que instaban a simplificar los trámites para poner en marcha y conectar a la red las instalaciones de energías renovables. Sin embargo, lo hacía de una forma inesperada: en vez de ofrecer facilidades, aplicaba un nuevo impuesto a estas energías.

En concreto, la normativa establecía un peaje a la energía generada mediante paneles fotovoltaicos en todas aquellas instalaciones que estuvieran conectadas a la red eléctrica general. La justificación era compensar a las empresas distribuidoras de electricidad por el coste de mantener una red eléctrica de la que los productores de energías renovables también se beneficiaban. Por ejemplo, al vender sus excedentes de energía o recibir suministro externo cuando la capacidad de generación era inferior a las necesidades de consumo (como es el caso de una instalación de autoconsumo fotovoltaico sin almacenamiento durante la noche).

Otros quisieron ver una manera de compensar a los grandes grupos energéticos por la pérdida de ingresos que suponía dar vía libre para que empresas y particulares pudieran producir y consumir su propia energía. La polémica estaba servida y llegó incluso al Tribunal Supremo, porque algunos productores que habían invertido en instalaciones de autoconsumo según el marco legal anterior se consideraron damnificados cuando se aprobó el polémico impuesto.

Hay que decir, sin embargo, que estaban exentas de este peaje las instalaciones de autoconsumo aisladas, las que tuvieran una potencia inferior a 10 kW, las instalaciones de cogeneración y las situadas en Canarias, Ceuta y Melilla. Otro aspecto menos conocido pero también muy importante era que el Real Decreto 900/2015 prohibía expresamente realizar instalaciones de autoconsumo comunitarias en bloques de pisos, por ejemplo para que varios vecinos pudieran compartir un grupo de paneles solares; es lo que técnicamente se llama autoconsumo compartido.

Por todo ello, el impuesto al sol frustró muchos proyectos, contribuyendo a que España generara ocho veces menos energía fotovoltaica que Alemania, a pesar de tener el doble de horas de sol anuales.

El fin del impuesto al sol y el impulso al autoconsumo

Después de cuatro años de vigencia, el impuesto al sol se derogó mediante el Real Decreto Ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Básicamente, la nueva legislación eliminó los peajes en las energías renovables y otras barreras reguladoras que se consideraba que, hasta el momento, habían dificultado y desincentivado la implantación del autoconsumo eléctrico en nuestro país. El nuevo marco legal también introducía algunas novedades, como el reconocimiento del derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores; por ejemplo agrupaciones de empresas o comunidades de vecinos que quisieran instalar paneles solares para generar su propia energía e incluso vender la energía excedente.

Ni que decir tiene que la nueva normativa fue muy bien recibida por el sector de las energías renovables. En poco más de un año, se doblaron las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en el mercado español, impulsadas por otros factores además del nuevo marco legal, como el abaratamiento de los paneles solares. Además, un año antes el Tribunal Constitucional había anulado la prohibición de realizar instalaciones comunitarias en edificios residenciales, abriendo la puerta al autoconsumo compartido para las comunidades de vecinos, que había sido expresamente prohibido por la legislación anterior.

En definitiva, después de estos cambios legales, hoy en día, tenemos plena libertad para realizar instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo individual y compartido, con unos trámites mucho más sencillos. Y, sobre todo, ¡sin tener que pagar un impuesto por la energía generada para autoconsumo!

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